EL PROBLEMA DE LA EVASIÓN FISCAL

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda estiman que la economía sumergida supone el 23% del Producto Interior Bruto de la provincia charra, en torno a 573 millones de euros. El sobrecoste fiscal calculado no incluye los impuestos eludidos por las prácticas agresivas de las multinacionales para no tributar por los beneficios de sus operaciones en España

Cada salmantino debe pagar anualmente a Hacienda 1.661,78 euros de más para compensar los impuestos que otros contribuyentes dejan de tributar debido al fraude y la evasión fiscal, por encima de los 1.910,03 estimados para la media de los españoles, según un cálculo de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). El fraude, junto con la evasión, representan una pérdida total de ingresos en la provincia de Salamanca de 573 millones de euros al año. Así, la economía sumergida representa un volumen equivalente al 25 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB).

 

Cabe destacar también que el sobrecoste fiscal calculado por los técnicos de Hacienda no incluye los impuestos eludidos por las prácticas agresivas de las multinacionales para no tributar por los beneficios de sus operaciones en España. Con el objetivo de reducir las bolsas de fraude, Gestha considera que el Consejo Europeo debería acordar esta tarde que el intercambio automático de información se extienda a todos los Estados miembros, incluyendo los dividendos y ganancias de capital, no solo a los salarios, pensiones y seguros previsto para 2015. 

 

También estima necesario acabar con toda la opacidad existente en los fondos de inversión, fondos de pensiones, instrumentos financieros innovadores y los pagos realizados a través de fideicomisos y fundaciones. Para los Técnicos de Hacienda es ineludible acabar con la opacidad y la tributación excesivamente baja de determinados países europeos, así como acordar una base armonizada en el Impuesto de sociedades.

 

Finalmente, Gestha reclama más audacia para evitar la "sangría recaudatoria" de las grandes empresas y propone la creación de un nuevo tipo impositivo del 35 por ciento en el Impuesto de Sociedades para beneficios a partir del millón de euros. Esta última medida permitiría recaudar en España 13.943 millones de euros adicionales al año, además de mejorar la equidad del sistema fiscal al reducir las diferencias entre el menor tipo efectivo de las grandes corporaciones y el mayor de microempresas y pymes, acercando así el esfuerzo fiscal de las empresas al de las familias españolas.